¿Puedo trabajar si soy un inmigrante indocumentado? El estado de California podría decir que sí...

¿Puedo trabajar si soy un inmigrante indocumentado? El estado de California podría decir que sí...

De todos los desafíos que enfrentan los jóvenes inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, la incapacidad de trabajar legalmente va al corazón de su exclusión de la participación significativa en la sociedad. No es de extrañar entonces que los estudiantes indocumentados hayan liderado la campaña para mantener vivo DACA y expandir sus beneficios a todos los jóvenes indocumentados, para que nuestras comunidades puedan beneficiarse de su arduo trabajo y talento espectacular. En apoyo de estos valientes estudiantes, académicos y expertos legales se han unido a la lucha. Ahora, un análisis legal innovador dirigido por la Facultad de Derecho de UCLA ha determinado que las restricciones federales contra la contratación de inmigrantes indocumentados no deben aplicarse a los empleadores del gobierno estatal y local, incluidas las universidades públicas estatales. Con base en este análisis, los organizadores estudiantiles están haciendo campaña contra el sistema público de UC para abrir la contratación a estudiantes indocumentados que de otra manera no son elegibles para trabajar legalmente en los Estados Unidos.

Al igual que con muchos temas sociales trascendentales, el problema de la autorización de trabajo de inmigrantes se reduce a un tecnicismo legal poco conocido. En resumen, ¿está el gobierno federal autorizado a decirle a los gobiernos estatales y locales cómo contratar y compensar a sus empleados? En el área de la autorización de empleo de inmigrantes, la sabiduría convencional desde 1986, con la aprobación de la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) ha sido sí, que el gobierno estatal y local debe seguir las mismas reglas que los empleadores privados al validar la autorización de empleo para inmigrantes y no ciudadanos.

Sin embargo, California puede estar lista para darle la vuelta a la sabiduría convencional sobre la autorización de trabajo para inmigrantes.

Según lo informado por Miriam Jordan en el New York Times:

La agitación política y legal sobre [DACA] que desde 2012 ha protegido a muchos de ellos de la deportación ... ha dejado a miles de los llamados Dreamers, inmigrantes cuya difícil situación ha ganado la simpatía a veces de demócratas y republicanos por igual, en un limbo legal. La ley federal hace que sea ilegal contratar inmigrantes indocumentados y, según la ley, muchos de estos jóvenes inmigrantes se graduarán de la universidad a una vida de trabajos por debajo de la mesa como niñeras y trabajadores de la construcción.

Ahora, una coalición de líderes estudiantiles indocumentados y algunos de los principales académicos legales de la nación proponen que California, un estado que ha servido como incubadora de políticas progresistas sobre inmigración, comience a emplear estudiantes indocumentados en los 10 campus de la Universidad de California.

Hasta ahora, la mayoría de los expertos legales daban por sentado que los requisitos de autorización de empleo bajo la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) de 1986 se aplicaban a todos los empleadores, ya sean privados, estatales o locales. En términos concretos, la ley federal generalmente requiere que todos los empleadores se aseguren de que todos los trabajadores sean elegibles para el empleo, ya sea como ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o bajo algún otro estado legalmente definido (por ejemplo, H1-b, refugiado, DACA), y obliga a los empleadores a completar un formulario I-9 para que los trabajadores demuestren su elegibilidad laboral.

Sin embargo, como argumentó el profesor Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA, el gobierno federal no puede restringir la autoridad de los estados para contratar empleados, sin una autorización clara por ley. La cuestión de si el gobierno federal puede regular se remonta a casos como National League of Cities v. Usery, 426 U.S. 833 (1976), donde la Corte Suprema anuló las protecciones de salarios y horas exigidas por el gobierno federal para los empleados estatales como una violación de la autoridad soberana de la 10ª Enmienda de los estados para regular a sus propios funcionarios públicos. Sobre la cuestión de la autoridad estatal para contratar y emplear a no ciudadanos, el profesor Arulanantham afirma que el gobierno federal no ha sido autorizado para obligar a los estados a seguir la política federal de inmigración sobre la autorización de trabajo.

Para muchos estudiantes inmigrantes y sus familias, la situación es grave. Miles de estudiantes indocumentados sin DACA, aunque son elegibles para asistir a la escuela, no son elegibles para trabajar y mantenerse para pagar la matrícula. Si se termina DACA, como los tribunales federales ahora amenazan con hacer, miles de estudiantes más se agregarán a aquellos que no pueden usar su educación o mantener a sus familias. Sin embargo, si el sistema de la UC adopta el argumento del profesor Arulanantham, estos estudiantes merecedores podrían trabajar en el campus, servir como asistentes de investigación e incluso trabajar como instructores graduados. Por extensión, entonces, no solo el Sistema de UC, sino el Estado de California y nuestras localidades estarían facultados para reclutar a los trabajadores más calificados, independientemente del estado de autorización de trabajo, para servir a la gente de California. A medida que enfrentamos numerosas crisis en la educación, la desigualdad de ingresos, el medio ambiente y la falta de vivienda, la gente de California necesita desesperadamente un cuadro de servidores públicos cada vez más capaz y trabajador para enfrentar estos desafíos críticos. Despertar a la posibilidad de que un grupo tan talentoso pueda llevarnos al futuro sería una gran noticia, no solo para los inmigrantes indocumentados, sino para toda California.

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